La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el próximo 16 de marzo enviará al Congreso el denominado Plan B de la Reforma Electoral, una iniciativa que busca disminuir los privilegios en congresos locales y ayuntamientos, además de fortalecer la participación ciudadana mediante mecanismos como la consulta popular.
Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que la propuesta contempla establecer topes máximos al presupuesto destinado a los congresos estatales, con el objetivo de reducir gastos que, aseguró, resultan excesivos en diversas entidades del país.
De acuerdo con la estimación del Gobierno federal, la aplicación de estas medidas podría generar un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos, recursos que serían destinados directamente a estados y municipios para fortalecer sus finanzas y programas locales.
Sheinbaum subrayó que la iniciativa responde al compromiso asumido con la ciudadanía de reducir los privilegios en la política y promover un uso más eficiente de los recursos públicos. "Cumplí con la gente", afirmó, al recordar que durante su campaña se comprometió a impulsar cambios que respondieran a las demandas de la población.
Como ejemplo de los altos costos que actualmente existen en algunos congresos estatales, la presidenta mencionó que en Baja California el gasto por legislador alcanza 34.8 millones de pesos, mientras que en Morelos asciende a 31.8 millones. En contraste, en Colima el costo por diputado se ubica en 5.1 millones de pesos.
La reforma también plantea revisar la estructura de los cabildos municipales, donde en algunas ciudades el número de regidores es elevado. Entre los casos mencionados se encuentran Monterrey, con 28 regidores, y Puebla, con 23, lo que implica mayores costos para los gobiernos locales.
La mandataria señaló que la propuesta forma parte de los principios de austeridad y combate a privilegios impulsados por la Cuarta Transformación, cuyo objetivo —dijo— es erradicar prácticas que durante años generaron gastos excesivos dentro de la estructura política.
Con el envío del Plan B, el Gobierno federal busca avanzar en una reforma que, además de reducir costos en el ámbito legislativo local, refuerce la participación directa de la ciudadanía en las decisiones públicas, consolidando mecanismos de consulta y fortaleciendo la democracia participativa en el país.
Foto: Cortesía
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