La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró detener y procesar penalmente a un grupo de 26 personas que operaban un esquema ilegal dentro del gobierno estatal.
Estas personas inventaban contrataciones de maestros que nunca dieron clases, quedándose con los recursos destinados a la educación pública.
Actualmente, 27 personas han sido arrestadas bajo la medida de prisión preventiva. Un investigado más espera la resolución de su situación jurídica, mientras que otros cinco presentaron juicios de amparo para intentar frenar sus detenciones.
El método: Claves compartidas y planteles inactivos
De acuerdo con las indagatorias oficiales recopiladas a inicios de 2026, el fraude requirió la complicidad de trabajadores de dos áreas de gobierno: la SECTI y la Oficialía Mayor (OM).
Para operar sin levantar sospechas, los involucrados intercambiaron contraseñas personales del Sistema de Gestión de Administración de Personal (SIGAP). Con este acceso, registraban las plazas de los supuestos docentes y las asignaban de forma oculta a escuelas que estaban cerradas o inactivas, evitando que los sistemas de auditoría los detectaran.
El reparto del botín y el uso de prestanombres
La red criminal utilizaba "reclutadores" para conseguir personas que prestaran sus nombres y datos personales para el registro de la nómina.
El esquema operaba de la siguiente manera:
Retención de tarjetas: Una vez dadas de alta las plazas, los líderes se quedaban con las tarjetas de débito de la nómina.
Pagos mínimos: A los titulares de las cuentas solo les entregaban una ganancia de 6 mil pesos por cada 200 mil pesos que depositaba el estado.
Beneficios propios: Los altos mandos se autoasignaron plazas de maestros con sueldos de 50 mil pesos mensuales, las cuales mantenían congeladas con licencias irregulares para asegurar una jubilación alta o un respaldo financiero si perdían sus empleos de confianza.
Viajes a Dubái y autos de alta gama:
Las pistas del derrocheLa investigación penal avanzó al detectar que el entorno socioeconómico de los detenidos no correspondía con los salarios de un servidor público.
El dinero robado se utilizaba para costear una vida de lujos que incluía:
Viajes frecuentes a París, Dubái, Las Vegas, China, Egipto y las Islas del Caribe. Uso de ropa, accesorios y vehículos de alta gama. Compra y habitancia de residencias en zonas de alta plusvalía.
Delitos y ampliación de la investigación
Los detenidos enfrentan cargos por los delitos de fraude y abuso de autoridad. Las autoridades acreditaron el desvío de 96 millones de pesos obtenidos a un ritmo de 4 millones de pesos quincenales (además de bonos y aguinaldos) solo entre enero de 2025 y febrero de 2026.
Debido a que existen indicios de que esta red comenzó a operar en el año 2021, la Fiscalía mantiene abierta la posibilidad de actualizar la cifra de forma retroactiva, por lo que el desfalco final al erario de la entidad podría triplicarse.
