La senadora Geovanna Bañuelos presentó una iniciativa para modificar la Ley Federal de Derechos y garantizar que los ingresos del Fondo Minero se destinen a mejorar la calidad de vida de las comunidades que albergan la actividad minera. La propuesta busca devolver al fondo su carácter social y asegurar que los recursos impacten directamente en educación, salud y seguridad.
Según la iniciativa, el 85% de los ingresos se aplicará en los municipios donde se encuentran las concesiones mineras, mientras que el 15% restante se utilizará en proyectos de infraestructura regional y nacional. La propuesta establece que 40% vaya a la educación, 40% a la salud y 20% a la seguridad, incluyendo la adquisición y modernización de equipos tecnológicos, como cámaras de videovigilancia, sistemas de comunicación y herramientas de inteligencia artificial para prevenir y atender delitos.
"Con esta reforma, el Fondo Minero dejará de ser un recurso administrado a distancia y volverá a ser un instrumento de desarrollo local, eficiente y con verdadero impacto social", señaló Bañuelos. La senadora enfatizó que la iniciativa transforma los ingresos mineros en escuelas equipadas, clínicas funcionales y calles seguras, devolviendo justicia a las comunidades que soportan los costos ambientales y sociales de la minería.
La propuesta cobra especial relevancia en Zacatecas, que entre julio de 2024 y julio de 2025 produjo 3.6 toneladas de oro, equivalentes a casi 492 millones de dólares, sin que las ganancias se reflejen en infraestructura, servicios públicos o seguridad. La reforma pretende atender estos rezagos históricos y fortalecer la seguridad y bienestar de los habitantes.
Con esta iniciativa, Bañuelos busca que el Fondo Minero se convierta en un instrumento de desarrollo local y equitativo, asegurando que la riqueza del subsuelo beneficie directamente a las comunidades que la sostienen.
